Un perito judicial es un profesional con formación técnica específica que colabora con los tribunales aportando conocimiento especializado sobre materias que exceden el ámbito jurídico. El juez conoce el derecho, pero no está obligado a saber cómo se comporta una estructura de hormigón, por qué aparece una grieta o cuánto vale realmente un inmueble. Para eso existe la prueba pericial.
El aporte del perito no es opinar, sino explicar. Su trabajo consiste en examinar una situación concreta, aplicar una metodología reconocida y entregar conclusiones fundadas que puedan ser comprendidas y valoradas por quienes intervienen en el proceso. Un buen informe permite que abogados, jueces y partes discutan sobre hechos verificables y no sobre percepciones.
En qué materias actúa un perito con formación en arquitectura
Cuando el perito es arquitecto, su campo natural son los conflictos vinculados al espacio construido. En la práctica, esto abarca cuatro grandes áreas:
Daños constructivos. Fisuras, filtraciones, asentamientos, vicios de ejecución o defectos aparecidos después de la recepción de una obra. El peritaje establece el origen del daño, su gravedad y las reparaciones necesarias.
Tasaciones. Determinación del valor comercial de un inmueble para particiones hereditarias, liquidaciones de sociedad conyugal, remates o expropiaciones.
Deslindes. Diferencias entre lo escriturado y lo efectivamente ocupado, conflictos entre colindantes y superficies que no coinciden con los antecedentes registrales.
Estructuras. Evaluación de la condición estructural de una edificación, especialmente después de sismos, intervenciones no autorizadas o ampliaciones sin proyecto.
Perito de parte y perito designado por el tribunal
Existen dos formas de intervenir. El perito de parte es contratado directamente por una de las partes o por su abogado, generalmente antes o durante el juicio, para evaluar la situación y aportar un informe que respalde su posición. Aunque lo contrata una parte, el informe pierde todo valor si no es técnicamente riguroso: un documento complaciente es fácil de desarmar en contrainterrogatorio.
El perito designado por el tribunal, en cambio, es nombrado desde una nómina oficial y actúa como auxiliar de la administración de justicia. Su encargo proviene del juez, responde a puntos de pericia definidos en la causa y debe mantener independencia respecto de ambas partes.
La diferencia está en el origen del encargo, no en el estándar técnico. En ambos casos el informe debe ser reproducible, fundado y coherente con los antecedentes disponibles.
Por qué importa la formación técnica específica
La calidad de un peritaje depende directamente de la profundidad con que se comprende el fenómeno analizado. Reconocer si una grieta responde a retracción del material, a un asentamiento diferencial o a una falla estructural exige experiencia de obra, no solo lectura de manuales. Lo mismo ocurre al tasar: el valor de un inmueble no se obtiene aplicando una fórmula, sino entendiendo su emplazamiento, su estado de conservación y el comportamiento del mercado local.
Un informe elaborado con criterio técnico sólido resiste la revisión de la contraparte y entrega al tribunal una base confiable para decidir. Un informe superficial, en cambio, suele terminar descartado, con la pérdida de tiempo y recursos que eso implica para el caso.
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